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Lunes, 11 de julio de 2005

Zapatero apoya la Ibarra-Refinería.

La implicación del presidente de la comunidad autónoma extremeña con el futuro industrial del Grupo Gallardo, es tan alta, que le ha llevado a saltarse una de sus máximas, y no sólo ha promovido un mitín a favor de una refinería pendiente de construir por dicho grupo, sino que “a título particular” ha asistido a una manifestación-concentración.

Dicho acto ha sido un éxito en cuanto a capacidad de convocatoria, pero para entrar en el fondo del asunto, creo más conveniente, leer un párrafo del artículo de opinión escrito por Manuela Martín en el periódico Hoy, el 10 de junio:

El proyecto de la refinería será bueno o malo para la región independientemente de cuánta gente salga a la calle a apoyarlo, o a rechazarlo. Eso no quiere decir que no haya que tener en cuenta la opinión de los ciudadanos. ¿Hay más extremeños a favor o en contra de la refinería? Si los medimos únicamente por la manifestación de ayer, se diría que 'ganan' los favorables. Pero, ¿quiénes deben tener voz -y voto- en este asunto, todos los extremeños?; ¿o debe pesar más la opinión de la comarca afectada? Como se ve, éste es un terreno resbaladizo en el que lo más fácil es caer en la demagogia.

Lo que resulta claro es que la oposición a la refinería ha cogido por sorpresa a sus promotores, entre los que se halla el Ejecutivo extremeño, que ha decidido participar en la inversión. Quizá no se esperaba esta respuesta, o quizá se tiene poca cintura para aceptar que los ecologistas y un grupo de agricultores hayan unido sus fuerzas y, por razones diversas, se opongan a la instalación de la industria. No es nada extraordinario en el mundo civilizado. Todos los días se dan noticias de protestas ciudadanas contra vertederos, industrias químicas, pantanos, complejos hoteleros, campos de golf y hasta tanatorios. Y nadie se rasga las vestiduras. Es lo normal. Lo extraordinario -y lo sospechoso- es que existiese unanimidad y no se oyera una sola voz discrepante con el proyecto.

Medir y gestionar la discrepancia es la obligación de todo gobierno que se enfrenta a este tipo de situaciones. También de la Junta de Extremadura. Entre sus atribuciones está el apoyar a la nueva industria porque considera que es beneficiosa para el desarrollo de Extremadura. Y entre sus obligaciones está también respetar -y escuchar- a quienes se oponen a ella. Es una obviedad decir que todos los ciudadanos tienen derecho a expresar libremente su opinión y a defenderla en una manifestación, incluidos los miembros del Gobierno regional. Si hasta los obispos dejan por un rato los púlpitos y se echan a la calle a defender sus opiniones, ¿cómo no van a estar legitimados a hacerlo también los consejeros?

Lo que resulta un tanto chusco es esa coletilla de que se manifiestan 'a título particular', es decir, no como consejeros, sino como 'ciudadanos de a pie'. No está documentado quién inventó esa soberana simpleza, pero lo que sí está claro es que un gobernante puede acudir 'a título particular' al bautizo de una sobrina, pero si acude a un acto político como es una manifestación lo hace como tal cargo público. Y así lo interpretan los ciudadanos que ven su foto en los periódicos.

El cargo no es una prenda de quita y pon que se pueda dejar en el coche oficial como la corbata o la chaqueta cuando se va a un mitin. ¿O es que han dimitido durante dos horas como hizo el rey Balduino cuando no quiso firmar la ley del aborto en Bélgica?

Espero que os haga reflexionar…

Por: Emilio Moya | Noticias Regionales | Comentarios (0) | Referencias (0)

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